La Argentina productiva está atravesando una agonía silenciosa. Mientras los grandes titulares discuten variables macroeconómicas que parecen ajenas a la realidad de nuestra gente, en los parques industriales, en los talleres metalúrgicos y en los locales comerciales de cada pueblo, el tejido que sostiene la vida de millones se está deshilachando. La conferencia de prensa que protagonizamos hoy junto a diversas cámaras empresarias no es un acto protocolar; es un grito de auxilio y, sobre todo, una exigencia de acción política: el Congreso de la Nación debe convocar de manera urgente a una audiencia pública para tratar la Ley de Emergencia Productiva MiPyME.
La situación es crítica y los datos, que muchas veces se ocultan tras la frialdad de las planillas de cálculo, aquí tienen nombre y apellido: son los puestos de trabajo que se pierden y las unidades productivas que bajan sus persianas. Entre 2023 y 2025, el cierre de empresas superó los niveles de la propia pandemia, un dato que debería avergonzar a cualquier dirigente que se precie de defender la grandeza de nuestra Patria.
Como empresarios nacionales, no pedimos privilegios, pedimos condiciones para sobrevivir. El proyecto de ley de Emergencia MiPyME, que hoy impulsamos, no es un plan de salvataje caprichoso, sino una respuesta estructural a un modelo que nos ha subsumido en un proceso de pérdida de salarios reales, apertura comercial abrupta y asfixia financiera. La suspensión de juicios de ejecución fiscal, la regularización de obligaciones tributarias y la protección tarifaria no son lujos; son herramientas de supervivencia para el 99% de nuestro entramado empresarial.
Este reclamo se inscribe en la misma matriz de pensamiento que venimos sosteniendo desde ENAC y que reafirmamos en las calles, defendiendo la Universidad Pública y el INTI: sin ciencia ni educación, no hay nación. La defensa de nuestras instituciones técnicas y educativas es la defensa de nuestra infraestructura básica de competitividad. No podemos ser un país desarrollado si permitimos que se desmantelen los centros de investigación que garantizan la calidad de nuestra producción y la formación de nuestros cuadros técnicos.
Para que esta emergencia sea el punto de inflexión, debemos anclar nuestra lucha en tres pilares que considero innegociables:
En primer lugar, la redistribución equitativa de la riqueza. La reforma tributaria progresiva que proponemos en el marco de la emergencia no es solo una medida técnica para aliviar la carga de las PyMEs; es un acto de justicia. No es aceptable que el esfuerzo de quienes producimos el valor real de la economía se equipare al de quienes viven de la especulación financiera con rentas extraordinarias. El Estado debe ser un protector de la industria, no un facilitador del extractivismo.
En segundo lugar, la educación pública de calidad. Como empresario, entiendo que nuestras empresas no son islas; son parte de una comunidad que necesita ingenieros, técnicos e investigadores formados en la gratuidad y la excelencia. Defender al INTI y a nuestras universidades no es una “partida presupuestaria” que se pueda recortar a gusto de una tecnocracia insensible; es la inversión en nuestro futuro industrial.
En tercer lugar, y quizás lo más urgente, una reforma judicial definitiva. No podemos permitir que el futuro de nuestras PyMEs quede en manos de una justicia que entiende de balances financieros transnacionales pero ignora la realidad de los procesos productivos. Necesitamos una seguridad jurídica que defienda el patrimonio nacional frente al avance de los monopolios. La judicialización de los conflictos y la indefensión de las pequeñas empresas ante el retiro del Estado requieren jueces que comprendan que una empresa no es un número, sino un proyecto de vida y un motor de desarrollo.
Estamos en un momento donde la “civilización del amor”, como nos recuerda la encíclica Magnífica Humanitas, nos llama a custodiar lo humano en medio de la transformación tecnológica. No podemos permitir que el paradigma de la eficiencia y el lucro ciego —esa “torre de Babel” que nos quieren imponer— destruya nuestra capacidad de convivir y producir.
La Ley de Emergencia es el dispositivo de contención que necesitamos hoy para no hipotecar el mañana. Exigimos a los legisladores que escuchen a quienes movemos la rueda de la economía real. La audiencia pública es el espacio democrático indispensable para que la voz de los trabajadores y los empresarios PyMEs sea escuchada por quienes tienen la lapicera. La producción nacional no puede esperar. El momento de actuar es ahora.