
Ingreso Universal: Esa peligrosa idea de que nadie pase hambre
Nota de opinión por wpetina
La idea de un Ingreso Universal —un subsidio garantizado que todas las personas recibirían por el solo hecho de existir— se ha convertido en una de las discusiones más disruptivas y urgentes del siglo XXI. Lo que hasta hace unas décadas parecía una utopía, hoy comienza a tomar cuerpo como propuesta concreta frente a las profundas desigualdades globales y la creciente fragilidad de los sistemas laborales.
Economistas como Thomas Piketty han insistido en que la riqueza se concentra en pocas manos y que las políticas tributarias actuales tienden a reforzar esas desigualdades en lugar de corregirlas. En ese marco, pensar un Ingreso Universal no es solo un gesto solidario: es una estrategia de supervivencia social y un nuevo contrato distributivo.
Argentina, con su tradición justicialista de garantizar derechos básicos —alimentación, techo, salud y educación—, constituye un terreno fértil para este debate. La pandemia de COVID-19, que obligó a implementar políticas de emergencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el aporte extraordinario de las grandes fortunas, mostró que los mecanismos existen, que la sociedad puede movilizarlos y que la pregunta no es si se puede, sino cómo y con qué prioridades.
El Ingreso Universal: fundamentos y alcances
El Ingreso Universal (o Renta Básica Universal) parte de un principio simple y radical: toda persona, por el solo hecho de vivir en una comunidad organizada, tiene derecho a recibir un ingreso que le garantice cubrir sus necesidades básicas. No se trata de caridad ni de asistencialismo, sino de un derecho ciudadano, tan elemental como el derecho al voto o a la educación pública.
Este concepto plantea una transformación estructural: desvincula el derecho a la subsistencia del mercado laboral. En un mundo en el que la tecnología, la automatización y la precarización han debilitado la estabilidad del empleo, seguir atando la supervivencia a un trabajo formal resulta cada vez más anacrónico.
Lejos de fomentar la pasividad, el Ingreso Universal busca ampliar la libertad individual: permitir que alguien pueda estudiar, emprender, cuidar o incluso elegir trabajos más creativos o comunitarios sin la presión asfixiante de la mera subsistencia.
Piketty y la redistribución como justicia
Thomas Piketty ha señalado con claridad que las desigualdades no son un accidente del capitalismo contemporáneo, sino una consecuencia lógica de su diseño: cuando la rentabilidad del capital supera el crecimiento económico, la riqueza tiende a concentrarse indefinidamente en manos de unos pocos.
Frente a este fenómeno, el Ingreso Universal no puede pensarse aislado: requiere políticas tributarias que aseguren la redistribución de la riqueza. Aquí aparece el núcleo de la discusión con la derecha: ¿de dónde salen los fondos?
La respuesta, en términos simples, es de la riqueza ya existente. No se trata de inventar recursos de la nada, sino de establecer un pacto social que impida que una minoría acumule beneficios a costa de la mayoría. En la práctica, esto significa revisar exenciones impositivas a multinacionales, gravar las rentas financieras, establecer impuestos progresivos a las grandes fortunas y evitar los circuitos de evasión que operan a escala global.
La perspectiva justicialista en Argentina
Argentina tiene una particularidad que la distingue de otros países: desde el surgimiento del peronismo, se instaló la idea de que los derechos sociales son inalienables. El justicialismo no concibe la justicia social como una dádiva sino como una obligación del Estado.
El Ingreso Universal, en este sentido, no es un invento ajeno a nuestra tradición: es una extensión natural de aquella doctrina que proclamaba el derecho a alimentarse, a tener un techo, a curarse y a estudiar. Es ni más ni menos que actualizar esa promesa en el contexto de un capitalismo globalizado que erosiona las condiciones de vida.
La Argentina del siglo XXI enfrenta una paradoja: un país con enormes recursos naturales, capital humano altamente calificado y una cultura política rica, pero sometido a vaivenes de deuda externa, inflación estructural y desigualdades crecientes. En este escenario, el Ingreso Universal puede convertirse en un instrumento de estabilización y dignidad.
Lecciones de la pandemia: el IFE y el aporte extraordinario
Durante la pandemia, el Estado argentino implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a millones de hogares. Aunque limitado en monto y en el tiempo, el IFE demostró que el Estado puede intervenir con rapidez y eficacia para evitar que amplios sectores queden fuera del mapa de la subsistencia.
De manera paralela, el “aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas” mostró que, aun en un contexto de crisis, es posible establecer un mecanismo impositivo que grave a los sectores más privilegiados. Más allá de la resistencia inicial de ciertos grupos económicos, el aporte se implementó, recaudó recursos y sentó un precedente fundamental: no hay riqueza intocable cuando la sociedad en su conjunto atraviesa una emergencia.
Estos dos antecedentes son claves: probaron que el debate sobre la viabilidad del Ingreso Universal no es meramente teórico. Se trata de voluntad política, de prioridades y de decisión sobre a quién se protege primero.
Perspectiva global: un derecho para todos los países
El Ingreso Universal no puede pensarse como un lujo de países desarrollados. Por el contrario, su urgencia es aún mayor en naciones de ingresos medios o bajos, donde las desigualdades se amplifican por la falta de redes de contención.
El propio Piketty insiste en que la redistribución debe ser global. En un mundo donde las grandes fortunas se mueven a través de paraísos fiscales, pensar impuestos puramente nacionales puede resultar insuficiente. La cooperación internacional, los acuerdos contra la evasión y la construcción de un marco tributario global son pasos imprescindibles para que el Ingreso Universal sea sostenible en todos los continentes.
Argentina, con su historia de liderazgo en foros multilaterales y su tradición de políticas sociales innovadoras, puede aportar una voz fuerte a este debate. Proponer un pacto internacional por un Ingreso Universal es también reclamar un orden económico más justo.
Críticas y respuestas
Los detractores del Ingreso Universal, en general desde posiciones liberales o conservadoras, sostienen que desincentiva el trabajo, que genera inflación o que resulta financieramente inviable.
Sin embargo, la evidencia y la teoría ofrecen respuestas claras:
- Desincentivo laboral: experiencias piloto en países como Finlandia o Canadá mostraron que los beneficiarios no dejaron de trabajar. Al contrario, aumentaron su bienestar y su capacidad de insertarse en empleos más productivos.
- Inflación: un ingreso garantizado no necesariamente genera inflación si se financia a través de impuestos progresivos y no mediante emisión monetaria.
- Viabilidad financiera: la clave está en la redistribución. Evitar exenciones impositivas a grandes corporaciones, gravar adecuadamente la renta financiera y las herencias, y coordinar políticas internacionales puede generar los fondos necesarios.
El verdadero obstáculo no es económico sino político: quién está dispuesto a ceder privilegios en pos de un bien común.
Argentina y el futuro del Ingreso Universal
Pensar en un Ingreso Universal en Argentina no implica desconocer las dificultades fiscales del país. Sí implica reconocer que, a largo plazo, la desigualdad y la exclusión resultan mucho más costosas que cualquier política redistributiva.
Un país con millones de personas fuera del mercado laboral formal, con niveles de pobreza que golpean a la infancia y con una economía que tiende a la concentración, no puede sostener la ficción de que el trabajo por sí solo resolverá la inclusión. La dignidad no puede esperar a la reactivación cíclica: debe garantizarse desde ahora.
El Ingreso Universal puede convertirse en el horizonte de una política de Estado, construida paso a paso: ampliar programas existentes, consolidar bases tributarias progresivas y generar consensos sociales. La Argentina tiene historia, doctrina y capacidad política para hacerlo.
Conclusión
El Ingreso Universal no es una fantasía ni un lujo progresista. Es, en palabras simples, la actualización del pacto social: nadie debería pasar hambre, carecer de techo, quedar sin atención médica o sin posibilidad de educarse. Ni en Argentina ni en ningún otro lugar del mundo.
La pregunta “¿de dónde salen los fondos?” revela más sobre los intereses de quien la formula que sobre la viabilidad de la medida. Los fondos existen: están en las grandes fortunas, en las rentas financieras, en las multinacionales que eluden impuestos. La cuestión es si estamos dispuestos a redibujar el mapa de la redistribución.
Desde la tradición justicialista argentina hasta los planteos de Piketty en Europa, el mensaje es claro: la igualdad de oportunidades no es un slogan, es un derecho. Y el Ingreso Universal es su expresión más radical y concreta.
Por otro lado, y sabiendo de antemano que en la agenda de la actual administración no podría colarse una iniciativa como esta ni por casualidad, es importante que los dirigentes de nuestro espacio político estén estudiando este tipo de proyectos para proponerlos no bien se retome el manejo del Estado.
En un mundo atravesado por crisis económicas, climáticas y sociales, garantizar un ingreso básico a cada ser humano no es solo una política pública. Es un acto de justicia, de humanidad y de esperanza en que otra organización social es posible.